El discurso presidencial ante el Congreso y las tarifas de los servicios públicos

El Presidente de la Nación, en su discurso en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y “desdolarizar definitivamente” los precios de la luz y el gas, entre otros servicios. También expresó que “las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, prometiendo ponerle fin “al martirio de tener que elegir entre comer o pagar la luz y el gas”, buscando “que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo”, anticipando que su objetivo final es “poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio”, para que “los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”.

Además, en su diferenciación respecto de lo que no debe volver a pasar en el país, recordó al auditorio que, durante la gestión de Cambiemos, los aumentos de las tarifas de luz y de gas “se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos”, cuando además “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”, situación que de no haber mediado el congelamiento tarifario desde el segundo trimestre de 2019 en adelante hubiera llevado a aumentos del gas y de la electricidad bastante mayores al 100% a partir de este año.

Al respecto, aunque resulte algo duro tratándose de la investidura presidencial, es necesario desmentir esta descripción y perspectivas. Esta interpretación de la política tarifaria resulta, cuanto menos, engañosa, no porque no sea cierto que bajo los marcos regulatorios vigentes desde 2017 en gas y electricidad sí hubiera habido aumentos (nominales) superiores al 100% al cabo del año 2021 (siguiendo a grandes rasgos la inflación acumulada durante los últimos 2 años y los próximos meses en que las tarifas habrán estado congeladas), ni porque no sea cierto que el pago de los servicios públicos (como la obtención de otros bienes y servicios privados) resulte casi prohibitivo para una creciente porción de la población. Lo engañoso del argumento sostenido en el discurso presidencial resulta porque el mismo omite o confunde las causas y las consecuencias de los distintos cursos de acción y resultados de los últimos 5 años en materia tarifaria, llevando así a equivocar estrepitosamente cuáles son las soluciones posibles. Las lecciones sobre la experiencia vivida deben ser mínimamente correctas para que alguna vez podamos tener un país normal, donde las personas de todos los niveles sociales puedan acceder a bienes y servicios básicos y progresar en base a su esfuerzo y capacidad.

Me concentraré en los puntos centrales. En primer lugar, las tarifas de los servicios públicos ya están desdolarizadas desde hace mucho tiempo: los precios que se paga a los productores de gas natural sí están dolarizados (es decir, están pactados en dólares), pero su traslado a las tarifas finales (lo que pagamos los usuarios) ha estado rezagado, incluso antes del congelamiento de las tarifas post-II.2019, en particular cuando la devaluación del peso resultó muy brusca como en 2018. Claramente, aunque el tipo de cambio se mantuviera constante, si persiste la inflación y con ella aumentan los costos operativos y de inversión en que deben incurrir las empresas para prestar sus servicios, esos mayores costos deben traducirse en mayores tarifas o mayores subsidios, sin que la dolarización tarifaria tenga absolutamente nada que ver (son los mayores costos, estén éstos dolarizados o no, los que gatillan las mayores tarifas en el mediano y largo plazo).

En segundo lugar, ya existen –desde 2016– tarifas sociales en todos servicios públicos (energía, transporte, agua potable e incluso telecomunicaciones), definidas como estructuras con descuentos explícitos sobre las tarifas que pagan el resto de los usuarios normalmente.Éstas  coexisten, además, con múltiples subsidios cruzados –típicamente ilegales, excepto por las contorsiones regulatorias consentidas en pos de la “viabilidad política”– orientados a que los usuarios de mayores ingresos paguen por el gas natural y la energía eléctrica mucho más que el verdadero costo de tales servicios (de manera tal que los usuarios de menores ingresos paguen menos que el costo respectivo para su propia provisión). Los subsidios cruzados generan múltiples distorsiones y filtraciones (porque se determinan por el nivel de consumo, mal predictor de los ingresos), pero sobre esto mejor no decir ni una palabra; peor aún, la propuesta es acentuarlos.

En tercer lugar, este diseño tarifario donde los usuarios de altos ingresos pagan (por el mismo servicio) más que los de bajos ingresos, de manera prácticamente irrestricta más allá de una razonable tarifa social (focalizada en el 30% de la población de menores ingresos –tal vez extensible al 40% en un contexto social y económico muy crítico) está basado en una perspectiva fiscal, como si los servicios públicos fueran bienes públicos a ser pagados por el sistema impositivo; los servicios públicos (servicios fundamentales de uso casi obligatorio en la vida moderna donde, sin embargo, las condiciones tecnológicas impiden una provisión competitiva suficientemente confiable, habilitando entonces al Estado a intervenir fijando tarifas y otras condiciones de calidad, seguridad, etc.) no son bienes públicos (en los cuales no hay exclusión en el consumo, y por lo tanto no hay revelación de la voluntad de pago al establecer un precio), de modo tal que el bienestar de la población no se puede lograr haciendo que todos los precios de la economía sean proporcionales a los ingresos de quienes deben pagarlos (simplemente, no serían precios); desconocer esto excede una postura ideológica intervencionista –debatible y potencialmente enriquecedora–, es simplemente un error, una aspiración tácita a vivir en un sistema capitalista con reglas del comunismo.

En cuarto lugar, los desarrollos tecnológicos, particularmente en el área energética con el desarrollo de la “energía distribuida” (autogeneración eléctrica –con paneles solares en cada domicilio– para consumo propio o reinyección de sobrantes a la red eléctrica, con costos decrecientes, avances en el almacenamiento y complementariedad con los automóviles eléctricos), que crecientemente representará una nueva fuente de competencia hacia las compañías de distribución eléctrica (como ya está ocurriendo en varios países, y cabe esperar que ocurra también pronto en la Argentina), quedará absolutamente distorsionada y llevará a una situación insostenible (o conducirá a abortar todo progreso y desregulación en esta dirección) si los usuarios de altos ingresos son inducidos a desconectarse de la red, dejando a las distribuidoras con usuarios de bajo consumo y bajas tarifas (pero iguales costos comunes para el mantenimiento y ampliación de la red).[1] Esta inconsistencia de la estructura tarifaria actual, por la cual en GBA los cargos fijos de los usuarios residenciales de alto consumo superan ¡70 veces! los cargos fijos de los usuarios residenciales de bajo consumo (sin tarifa social), y los cargos variables (en términos del margen de distribución) también son muy dispares (aunque no en ese orden de magnitud), no sólo no se reconoce como problema sino que se propone aumentarla.

En quinto lugar, los aumentos tarifarios siderales bajo el gobierno de Cambiemos entre 2016 y 2019 fueron el resultado del atraso tarifario también sideral durante el período 2002-2015: en dic-2015, las tarifas de los servicios públicos de infraestructura (tomando el promedio para los usuarios residenciales, pese a que los precios de cada uno eran y siguen siendo muy distintos), cubrían entre el 7% y el 45% de los costos totales respectivos (sin siquiera incluir allí inversiones importantes, sólo el mantenimiento), que llevaron a subsidios fiscales (menores a los subsidios económicos, que deberían incluir la rentabilidad normal que económica y legalmente deben recibir los operadores para tener incentivos a prestar los servicios e invertir y evitar el deterioro que fue efectivamente visible entre 2010 y 2015 –con la “Tragedia de Once” en febrero de 2012 mediante) que entre 2013 y 2015 superaron el 4% del PBI (unos USD 25 mil millones al año). Los Gráficos 1 y 2 son bastante ilustrativos al respecto.Así, en términos reales (esto es, en dólares o ajustando las tarifas nominales por la inflación), la normalización (que tal vez pudo haber sido más pausada a la observada hasta 2019) no podía esperarse algo muy distinto de lo que ocurrió. Sorprenderse parece, entonces, una postura simplemente demagógica.

Gráfico 1

Gráfico 2

En sexto lugar, la asequibilidad de los servicios públicos será un problema serio en nuestro país en tanto y en cuanto los ingresos de la población sean bajos, lo cual depende del funcionamiento del sistema económico en su conjunto, el cual a su vez está determinado en el mediano y largo plazo por la calidad de las políticas públicas. Sin dudas, corresponde aplicar un fuerte esfuerzo público en lograr que la prestación de servicios públicos pueda realizarse con los menores costos posibles, de forma tal que la suma de tarifas y subsidios públicos (para la tarifa social explícita) sean también más bajos, en términos reales y más allá del tipo de cambio circunstancial. Pero eso no se logra bajando los precios regulados, o generando inseguridad jurídica. Bajar los costos, para recién entonces tener menores tarifas y subsidios, exige antes que nada pericia técnica, comprender cómo funciona un mercado competitivo, en qué áreas o segmentos de mercado pueden funcionar y en cuáles no, cómo asignar riesgos a quien pueda controlarlos, etc., es un paso ineludible antes de pretender bajar las tarifas y/o los subsidios fiscales (de forma sostenible).

En síntesis, no parece constructivo criticar y atacar las consecuencias sin reparar mínimamente en las causas. Tampoco proponer que se termine el martirio de tener que enfrentar costos de servicios que aumentan más que la capacidad de pago de los usuarios, sin reconocer que los mayores costos de los servicios y los menores ingresos de la población son, en conjunto, lo que genera el problema de inviabilidad económica y social de las tarifas y los subsidios. Ni siquiera acusar genéricamente de enriquecimiento y falta de inversiones a empresas que fueron prácticamente confiscadas por los fuertes retrasos tarifarios reales en el período 2002-2015 –quienes sí realizaron inversiones desde que tuvieron fondos y reglas que les permitieron hacerlo,y quienes recién en algunos casos y de forma parcial han podido dar dividendos a sus accionistas– buscando sustento para una decisión previa ya tomada, esto es, lograr una baja sustancial de las tarifas cueste lo que cueste. Estos problemas no son consecuencia de que las tarifas aumenten para reflejar sus costos (nuevamente, manteniendo una tarifa social que permita un consumo básico barato para aliviar la situación del grupo más golpeado de la población), o de que estos costos estén vinculados más o menos velozmente con las variaciones del tipo de cambio (y su hipotética dolarización). El problema es que los ingresos son bajos porque la economía no puede funcionar bien cuando sus variables macroeconómicas resultan inconsistentes, insostenibles, con un gasto público no financiable y un gobierno que parece no entender esta realidad.

Santiago Urbiztondo


[1] Ver Urbiztondo, S.: “Las tarifas de los servicios públicos de infraestructura: debilidades salientes del plan oficial para el año 2021”, Indicadores de Coyuntura 626, FIEL Diciembre 2020.

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