La regulación de los servicios públicos y otras intervenciones al mercado: “a mitad de camino de vuelta desde la mitad del río”

La política económica argentina en materia de regulación de servicios públicos e intervenciones directas del Estado en el funcionamiento de los mercados está signada por la inestabilidad y la contradicción, rumbos cambiantes mucho más allá de matices. Ello obedece claramente a la ausencia de un consenso mínimo sobre cuestiones básicas que hacen al rol del Estado en la economía, y sobre las condiciones mínimas necesarias para que sus intervenciones contribuyan a mejorar el bienestar general de una forma significativa, es decir, más allá de la postergación –y por ende magnificación– de los problemas que quedan sin resolver como mochilas cada vez más pesadas para poder elegir un sendero próspero para el conjunto de la sociedad. Específicamente, en el último año hemos desandado en buena medida el esfuerzo hecho entre 2016 y 2019 para normalizar la pesada herencia del populismo regulatorio del período 2003-2015. En 2019 estábamos “en la mitad del río” y en 2020 emprendimos el camino de regreso.

A continuación ilustraré este “regreso desde la mitad del río”, pero primero conviene poner en cierta perspectiva esta situación dentro de los vaivenes transitados en materia regulatoria desde la década de 1980.

Las idas y vueltas regulatorias en las últimas 4 décadas

Desde la década de 1980 hasta hoy, hay cinco etapas que definen el sentido de las reformas y la inestabilidad de la regulación en materia de servicios públicos en la Argentina:

  1. 1980s: la utilización política de las empresas públicas del Estado Nacional para la obtención de objetivos macroeconómicos fuera de su órbita (control de la inflación, creación de empleo, etc.), deprimiendo las tarifas en términos generales (especialmente las residenciales, tomadas como insumo en la medición de la inflación y la indexación de los contratos en el resto de la economía), dañando la gestión interna y el control de costos de abastecimiento de distintos insumos, con efectos negativos sobre las inversiones y la expansión de la cobertura, subsidiando los déficits emergentes con transferencias públicas, a su vez resultantes en un déficit fiscal finalmente fuera de control, conducente al endeudamiento y la emisión monetaria que dieron lugar finalmente a las dos hiperinflaciones de 1989 y 1990.
  2. 1990s: la amplia privatización (incluyendo transferencia de activos y contratos de concesión) de los distintos servicios públicos de infraestructura controlados por el Estado Nacional (en muchos casos replicada a nivel provincial), condujo tanto al autofinanciamiento de las empresas con tarifas que tendieron a reflejar sus costos (incluido un alto costo de capital –es decir, una rentabilidad elevada según parámetros internacionales) como a la obtención de mejoras significativas en cuanto a productividad, calidad y cobertura de los servicios; más generalmente, la privatización, las reformas regulatorias y la liberalización asociadas también tuvieron impactos evaluados de distinta forma sobre el empleo y la distribución del ingreso, producto de distintas consideraciones sobre la evolución efectiva y contrafáctica de las tarifas, de la importancia de su vínculo con los costos respectivos, y de insatisfacciones por haber desaprovechado mejoras más profundas debido a diversos defectos de dicho proceso.
  3. 2003-15: luego del abandono de la Convertibilidad y el golpe devaluatorio y sobre los niveles de ingreso real de la población, el congelamiento inicial de las tarifas del año 2002 se transformó rápidamente en una política económica oportunista y confiscatoria, orientada a transferir a los usuarios las cuasi-rentas (remuneración de las inversiones ya hundidas) de las empresas prestadoras privadas de servicios públicos, incluyendo algunas rescisiones contractuales y re-estatizaciones, la intervención política de las instituciones regulatorias, el colapso de las inversiones, el regreso de fuertes subsidios fiscales, compensaciones subrepticias a algunas de las empresas afectadas fortaleciendo la exclusividad y la protección contra desarrollos competitivos, etc., lo cual finalmente condujo a un claro deterioro de la calidad y cobertura de los servicios públicos.[1]
  4. 2016-19: un intento rudo y rústico de “regresar al año 2001”, aumentando fuertemente las tarifas (entre 3 y 4 veces en términos reales, aunque con la creación de tarifas sociales para el 30% de la población de menores ingresos que incluyeron e incluyen hasta hoy un descuento de hasta 62% para los usuarios residenciales con consumos más bajos), lo cual permitió reducir a la mitad los subsidios fiscales observados al final del período previo, sin deshacer los subsidios cruzados introducidos en el período 2008-2015 cuando los aumentos tarifarios parciales se concentraron en los usuarios residenciales de mayor consumo, quedando a mitad de camino en materia de normalización institucional e iniciando sólo tardíamente el camino hacia el restablecimiento de mercados energéticos competitivos a nivel de producción y comercialización mayorista, minimizando en tal sentido la importancia de la competencia para la reducción de costos y por ende maximizando los aumentos tarifarios necesarios para restablecer la pretendida normalidad.
  5. 2020-21: aquí, más allá de la innegable importancia de la pandemia por Covid-19 desde marzo de 2020, hay un claro avance de un enfoque regulatorio con similitudes al que caracterizó el período 2003-15, con un margen obviamente mucho menor en términos de capacidad de subsidiar los déficits fiscales emergentes de un nuevo congelamiento tarifario (ciertamente, iniciado a mediados de 2019 por la gestión anterior) debido a la posición fiscal mucho más exigente, a la menor holgura de inversiones previas y en algunos casos (como la producción no convencional de gas natural) al cambio tecnológico que aceleró la velocidad de depreciación de las inversiones y por ende redujo la posibilidad de confiscación de cuasi-rentas, y a la mayor velocidad con que suben los costos dada la más elevada inflación.

Acompañando a cada uno de estos cinco períodos, la política regulatoria más amplia (es decir, fuera de la regulación directa de los servicios públicos de infraestructura) resultó consistente (dentro de cada período, aunque no a lo largo del tiempo obviamente), adoptando distintas tendencias en cuanto al grado de importancia dado a las reglas o a la discreción, a la transparencia, la desregulación, la competencia, el desarrollo institucional, etc. Con aciertos y errores, los cinco períodos muestran un fuerte contraste entre sí: políticas populistas, reacias a la competencia y a la participación del sector privado, poco transparentes e insostenibles fiscalmente, generan ineficiencias, sobrecostos y déficits que deben ser corregidos, y que lo son en cierta medida –con mayor liberalización, mayor participación del sector privado, mayores tarifas y mayor transparencia contractual– aunque no de forma políticamente sostenible (ya sea por deficiencias de las propias reformas sectoriales o por otras inconsistencias macroeconómicas que las debilitan al extremo).

¿Dónde estamos hoy?

La situación actual tiene varios puntos de contacto con la estrategia del período 2003-2015. Una forma gráfica de definirla es notando los desafíos regulatorios planteados en las instancias previas de ambas experiencias, esto es, en 1990 y 2016, y medidas regulatorias tomadas en respuesta. En ambos casos, las políticas regulatorias miopes y oportunistas previas a dichos años, cuyos rasgos comunes consistían en deprimir artificialmente las tarifas e intentar retrasar y esconder el deterioro en la calidad y en la cobertura de los servicios que ello producía, representaban el desafío de “cruzar el río”: encarar reformas que representarían esfuerzos y sacrificios económicos y sociales (con aumentos de tarifas centralmente, pero que también deberían incluir la modificación de reglas que dañarían a otros actores con intereses creados –proveedores, sindicatos, etc.) y que provocarían claros beneficios una vez completadas y con suficiente maduración, a partir de las cuales las nuevas normas se irían perfeccionando y creando un círculo virtuoso entre la mejor regulación, el menor riesgo regulatorio, el menor costo del capital, el mayor esfuerzo para reducir costos, etc., y por lo tanto las menores tarifas para servicios de calidad tendientes a lograr la cobertura universal. «Cruzar el río» era, tanto en 1990 como en 2016, dejar atrás el populismo regulatorio que ya provocaba también en el corto plazo costos muy superiores a los beneficios económicos y políticos.

En ese sentido, podría decirse que entre 1990 y 2001 el país “casi llegó a cruzar el río”, siendo las imperfecciones del proceso de privatización y regulación posterior por un lado, pero también la confusión general entre los orígenes de la crisis económica y social de 2001-02 (obviamente –para un análisis mínimamente objetivo– identificable en la inconsistencia macroeconómica entre la rígida regla cambiaria de la Convertibilidad y el elevado déficit fiscal, y poco o nada en las reformas y privatizaciones de los servicios públicos), los elementos que ayudan a entender por qué se produjo entonces el espacio político y económico para volver nuevamente al punto de partida, es decir, para cruzar el río de vuelta hasta la orilla inicial.[2] Del mismo modo, también podría decirse que las medidas regulatorias y tarifarias tomadas entre 2016 y 2019 sólo permitieron “cruzar la mitad del río”, quedando entonces pendiente la eliminación o reducción sustancial del financiamiento público por precios (energía mayorista) y tarifas (de transporte) todavía artificialmente bajos como para cubrir los costos plenos de la prestación de los servicios públicos de infraestructura, para lo cual resultaba imperioso restablecer y perfeccionar reglas procompetitivas y diseños contractuales conducentes a la reducción de costos restableciendo los incentivos a tal fin alterados en el período anterior (y no, mecánicamente, insistir con aumentos tarifarios adicionales que fueran a convalidar en el tiempo costos excesivos e ineficientes).

Pues bien, con esta analogía, el año 2021 nos encuentra “a mitad del camino de regreso desde el medio del río en que estábamos en 2019 (y todavía nadando)”. Con una característica adicional saliente: una disputa al interior del gobierno entre distintos puntos de vista sobre la forma en que el Estado debe intervenir en la economía y sobre las implicancias de mediano plazo del congelamiento tarifario, que sin embargo tiene como ganadores frecuentes a quienes se definen por su permanente negación y rechazo a lo que se puede definir como un “análisis económico estándar sobre el rol del Estado en los mercados y la regulación”.[3]

A mitad de camino de regreso desde la mitad del río, cuantitativamente

El gráfico y el cuadro que acompañan esta nota aportan una primera cuantificación de la caracterización anterior, esto es, de lo que ha significado en las últimas décadas cruzar el río en ambas direcciones. En el gráfico puede observarse que los subsidios fiscales dirigidos al financiamiento de distintos componentes de los servicios públicos de energía, transporte público y saneamiento, luego de haber llegado a representar el 3,2% del PBI en 1989 (incluyendo entonces el financiamiento del déficit de ENTEL, que representaba prácticamente la mitad del total) y de haber sido eliminados con las privatizaciones entre 1990 y 1996, escalaron hasta superar el 4% del PBI entre 2014 y 2015, para volver a caer al 1,5% del PBI en 2019 y a subir luego al 2,4% del PBI en 2020. En 2021, las perspectivas no son buenas: el Presupuesto Nacional apunta a que este nivel de déficit y subsidio fiscal no aumente (en el caso de la energía, ello implica que se sostenga en torno al 1,7% del PBI, y por extensión podemos suponer que sumando el transporte público de pasajeros y AySA ello implicaría mantenerse en el 2,4% del PBI), pero los ajustes tarifarios nulos o significativamente por debajo de la inflación –del 9% que recién comienzan a aplicarse en el servicio eléctrico– pueden dar lugar a que en 2021 este déficit agregado aumente entre 30% y 40% en dólares, y por ende llevar a que éste represente un 3% del PBI al final de este año.

Gráfico 1

En el cuadro, por otro lado, se observa (con cálculos aproximados, adoptando diversos supuestos simplificadores)[4] el “subibaja tarifario” entre 2001 y 2020: partiendo de una situación equilibrada a fines de 2001, en dic-2015 los precios y tarifas residenciales estaban en promedio 76% retrasados (respecto de los costos totales de los servicios, considerando usuarios residenciales típicos o promedio y promediando linealmente –sin ponderar por su importancia relativa en la canasta familiar– la situación de los cuatro servicios públicos considerados), de manera tal que entonces se requería un aumento tarifario real del 323% promedio para eliminar tal rezago; por otro lado, en dic-2019 dicho retraso promedio cayó al 43% para luego volver a subir al 58% en dic-2020, lo cual implica la necesidad de una suba tarifaria promedio lineal de 136% para alcanzar los costos en dic-2020. Así, suponiendo que la inflación y el aumento de los costos de los distintos servicios públicos fuera de sólo el 40% en 2021 (una perspectiva ultra-optimista habida cuenta de que la inflación acumulada en el primer cuatrimestre ya suma aproximadamente 17%), y que el aumento tarifario aplicado en el mes de mayo fuera de sólo el 10% en todos los servicios públicos considerados (una perspectiva “optimista” con la información disponible hoy), el incremento que debería aplicarse en el resto del año para igualar globalmente las tarifas y los costos en dic-2021 (con la burda simplificación cualitativa que resulta del promedio lineal y de otros supuestos adoptados) sería del 200%.

A mitad de camino de regreso desde la mitad del río, cualitativamente

Cualitativamente, los siguientes ejemplos o hitos ilustran la confusión técnica que reina en el gobierno actualmente:

  1. El congelamiento tarifario en los servicios públicos de infraestructura, pese a una inflación anual en torno al 40% durante los últimos 2 años, haciendo referencia a la necesaria desdolarización de las tarifas (que de hecho no están dolarizadas –los márgenes de T&D de los servicios de energía, así como las tarifas de transporte y de saneamiento, se calculan en pesos y según la inflación doméstica en los primeros casos donde existen prestadores privados con marcos regulatorios vigentes, siendo los precios de la energía mayorista los que sí están dolarizados debido a que esa es la forma contractual más eficiente a la luz de la fuente del financiamiento de las inversiones requeridas y de los precios internacionales de referencia para la importación de gas natural y combustibles líquidos sustitutos), cuestionando la Revisión Tarifaria Integral de Gas Natural de 2017 para justificar la adopción de tarifas de transición (congeladas y a ser recompuestas mínimamente, sin mayor prisa), y proponiendo vagamente la segmentación de tarifas según ingresos o riqueza de los usuarios residenciales (adicional a las tarifas sociales existentes, aumentando así presumiblemente la actual multiplicidad de precios marginales –como si las tarifas fueran impuestos y los servicios públicos fueran bienes públicos, y como si el futuro en el sector energético no se presentara con el desafío de acomodar la energía distribuida corrigiendo la estructura tarifaria del servicio de distribución, entre otras cosas), con lo cual se está construyendo (más rápido que entre 2003-2015) otro ciclo tarifario superlativo.[5]

Sin dudas que el conflicto al interior del Ministerio de Economía (con el pedido de renuncia al Subsecretario de Energía, quien en declaraciones públicas recientes había desautorizado al Ministro Guzmán sobre la magnitud de los aumentos tarifarios durante el año 2021, como también lo han hecho reiteradas veces los actuales interventores del ENRE y del ENARGAS –empeñados en que los aumentos tarifarios durante todo el año 2021 sean de un dígito lo más bajo posible) indica que dentro del gobierno hay matices y distintos grados de desvío respecto de lo que puede considerarse un enfoque regulatorio moderno y razonable, pero en definitiva son las acciones observadas hasta aquí las que caracterizan la situación crecientemente preocupante.

2. Los programas de “Precios cuidados” (ene-2020) y “Precios máximos” (mar-2020), en el primer caso, reactivando acuerdos de precios “voluntarios” con fabricantes y supermercados minoristas preexistentes (que incluyen carnes, construcción, etc.) y en el segundo caso directamente aplicando precios máximos a productos básicos (alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza) en todo tipo de comercio (distintas superficies minoristas y mayorista), también son una marca registrada permanente de esta administración: los precios máximos inicialmente se justificaron por la pandemia y tendrían una vigencia de sólo un mes, pero luego fueron periódicamente mantenidos con mínimas actualizaciones; en conjunto, estos programas fueron presentados como herramientas transitorias para aplacar la inflación en un contexto inestable pero luego se transformaron en una intervención regulatoria permanente, consistente con la leyenda “precios máximos para evitar abusos y garantizar el abastecimiento” utilizada oficialmente, donde las empresas son forzadas a participar y a aplicar subsidios-cruzados (entre los distintos productos de sus carteras) para mantener bajos los precios alcanzados o simplemente para “mantenerse en buenos términos” con el gobierno.

3. El caso Vicentin, en el cual una importante empresa santafecina procesadora de soja, intermediaria en un 9% del total de exportaciones de ese producto y sus derivados, fue centro de un decreto presidencial sorpresivo en jun-2020 por el cual se la intervenía y expropiaba debido a su incapacidad de repagar una deuda de US$ 1,4 mil millones con acreedores privados y con el Banco Nación, en vez de permitir que el proceso judicial de quiebra funcionara, argumentando la necesidad de que esta empresa se convirtiera en una “empresa testigo” para la exportación de soja y subproductos, mostrando así un apetito intervencionista hasta entonces solapado, más allá de que el rechazo general provocado por esta medida motivó la anulación del decreto 45 días después.

4. La Ley 27.551 (de alquileres), sancionada en julio de 2020 (en colaboración con varios legisladores de Juntos por el Cambio), que nominalmente protege a los inquilinos frente a los dueños de los inmuebles –por la reducción de garantías, la extensión a 3 años del período contractual mínimo, la cláusula de indexación rígida que incorpora salarios, etc.– pero que de hecho sólo logró una contracción de la oferta y un aumento de los precios en los nuevos contratos, evidenciando un razonamiento y liderazgo del gobierno nacional bastante ingenuo.

5. La Ley de telecomunicaciones, sancionada en agosto 2020, que incluyó una amplia definición de “Servicio Público Esencial” donde (además de la telefonía fija, Internet y telefonía móvil –servicios que más allá de las distintas opiniones existentes de distintos especialistas sectoriales resulta razonable que sean considerados como públicos– se incorporó como tal a la TV por cable), nuevamente anticipando una intervención regulatoria creciente sobre los precios de bienes y servicios que no son provistos en una situación de monopolio natural ni pueden considerarse seriamente esenciales –en particular habida cuenta de la existencia de canales de aire y TV Digital Abierta con cobertura nacional– de forma tal que su cobertura deba ser universal y eventualmente incluso subsidiada (de forma directa o cruzada).

6. La Res. SCI 237/21, del mes de marzo, que crea el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), por el cual las grandes empresas deben informar mensualmente y bajo juramento los precios promedio de sus ventas, cantidades y stock disponible (a ser mantenidos con carácter confidencial), en principio para permitir a la SCI contar con información para evitar desequilibrios en la cadena de comercialización y prevenir faltantes y aumentos de precios injustificados de productos que pueden afectar la economía familiar, pero que no hace más que traer a la mente las lecturas que ya eran viejas en la década de 1980 sobre la efectividad potencial de una economía centralmente planificada.

7. La Res. SCI 330/2021, del mes de abril, donde la Secretaría de Comercio Interior notifica a las “grandes” (las que no sean pequeñas ni medianas) empresas industriales y comerciales su obligación durante la pandemia por Covid-19 de incrementar su producción hasta su capacidad máxima, aparentemente por el temor a que éstas pudieran querer reducir la producción o producir por debajo de su capacidad máxima como forma de provocar el mal a los demás, amenazándolas con sanciones bajo la Ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) sancionada en el año 1974 pero no aplicada “en tiempos normales”), en vez de buscar asegurar la plena voluntad por parte de las empresas de invertir, producir y llevar al mercado más y mejores productos en tanto sea posible obtener una retribución justa en el contexto más competitivo posible.

8. Las amenazas, desde abril 2021, de limitar las exportaciones de carne por parte de la Secretaria de Comercio Interior, por medio de mayores retenciones o estableciendo cuotas,  con el objetivo de “proteger la mesa de los argentinos”, pareciendo no haber vivido los efectos perniciosos de estas medidas aplicadas en el país menos de una década atrás (sintéticamente, la caída de inversión y de producción, conducentes a la suba de precios de la carne vacuna por ejemplo), en el momento donde hay una particular necesidad del país –y del gobierno nacional– de obtener divisas aportadas precisamente por las distintas exportaciones de productos del campo, como si la sola amenaza de tal intervención distorsiva e inconducente no implicase serios daños al ambiente de negocios en este sector y más generalmente también.

¿Hay esperanzas de un futuro mejor?

En el largo plazo, ¡siempre hay esperanza! (aunque cada vez con viseras más estrechas para no reparar en el camino que se abre en lo inmediato). Sin embargo, para ello resultará imprescindible acordar sobre algunos conceptos básicos mínimos en torno a cómo funcionan los mercados y cuál puede ser el rol que juegue el Estado para corregir defectos de manera efectiva, sin confundir causas con consecuencias, no sólo en cuestiones sectoriales o microeconómicas como las tratadas en esta nota: aun cuando hubiera un enfoque apropiado desde el Estado sobre cómo regular empresas de servicios públicos y corregir otras fallas (reales) de mercado, ello no sería suficiente sin una política macroeconómica consistente y sin un funcionamiento razonable del sistema político, que permitan la construcción de ciertos consensos mínimos de mediano y largo plazo. Esto es, no será posible si no hay una comprensión compartida de hacia dónde queremos ir como país, y sobre cuáles son los caminos que claramente no nos llevan hacia allí.

Resulta imposible tal tipo de acuerdos si prospera el brazo hoy aparentemente más fuerte dentro del gobierno nacional, que en términos económicos se caracteriza por el rechazo de los precios como “señales económicas que deben ser atendidas” (y cuya afectación debe apuntar a identificar y a actuar sobre sus determinantes),en vez de “manifestaciones de poder a reprimir”. Mientras el razonamiento aplicado sea “si me disgustan algunos precios (porque implican un alto nivel de pobreza al encarecer los precios de los alimentos, por ejemplo) entonces los voy a regular; y si luego aparecen faltantes por la retracción de la oferta en respuesta a mis medidas entonces voy a insistir; y si al final, cuando no pueda hacer otra cosa, el problema sólo se agravó, entonces le echaré la culpa de todo a los intereses económicos concentrados”, no hay chance.

En tal sentido, las excesivas intervenciones sobre el funcionamiento de los distintos mercados, sin la menor lógica económica ni perspectivas de éxito en el mediano y largo plazos, son consecuencia de problemas políticos e ideológicos más generales, que nos dificultan llevar a la práctica políticas eficientes y sostenibles.

En tiempos de pandemia, podemos decir que esta intervención “técnicamente insostenible” del Estado sobre la economía es un síntoma de la verdadera enfermedad. Siguiendo la analogía médica, podemos decir que “los argentinos hemos sido diagnosticados varias veces, por varios médicos reconocidos; a veces decidimos seguir las terapias que nos recomiendan, con algunas excepciones o trampitas; pero igual mantenemos la costumbre de volver a preguntarle al curandero de la tribu una segunda opinión.” Basta de tanta improvisación.

Santiago Urbiztondo


[1]Ver Urbiztondo, S.: “La regulación de los servicios públicos en Argentina, 2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo político”, Documento de Trabajo 124, FIEL, Febrero 2016.

[2] El punto de partida en 1990 fue en algún sentido mejor que el del año 2016, porque en este último caso ya no podrían obtenerse ingresos fiscales por nuevas privatizaciones de activos en manos de empresas privadas y por la mayor complejidad social (con niveles de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso que plantearon nuevos desafíos regulatorios, incluso superiores a los de la salida de la hiperinflación), aunque en otro pudo haber sido peor por cuanto en ese entonces no se habían obtenido las importantes enseñanzas que dejaron las privatizaciones y reformas de 1990-2001. El balance final tal vez sea cuestión de análisis en futuros estudios de la historia económica argentina.

[3] Este enfoque estándar (y en ese sentido ortodoxo, abrumadoramente mayoritario antes de precisar detalles puntuales) puede definirse como “reconocer las fallas de mercado pero también las limitaciones del gobierno y de las intervenciones públicas, con una perspectiva de mediano y largo plazo, que conducen a políticas diseñadas para promover la competencia,sólo regular precios y tarifas de monopolios naturales fuertes (no desafiables), y en tal caso hacerlo intentando replicar la dinámica de un mercado competitivo, promoviendo las ganancias de eficiencia que son periódicamente transferidas a los usuarios finales”.

[4]Las distintas estimaciones y supuestos están explicados en Urbiztondo, S.: “Tarifas y precios regulados: las herencias tarifarias K (2015) y C (2019)”, Indicadores de Coyuntura No. 613, septiembre de 2019.

[5] Sería bueno que el gobierno abandone la idea de segmentar los aumentos tarifarios según ingresos o riqueza de los usuarios (una tarea que técnicamente requiere acceder a información confidencial en el BCRA y AFIP, lo cual además representará otra fuente de problemas mayores para los contribuyentes y también para el “clima de inversiones”, rebotándole entonces al propio gobierno y dañando el bienestar general), y en cambio se concentre en que las tarifas inicien un sendero de sinceramiento con el fin de reflejar los costos eficientes de la prestación de los servicios (con el menor costo de capital posible, sólo alcanzable por medio de un menor riesgo regulatorio y una macroeconomía más previsible, para así reducir los costos totales y las tarifas asociadas), eventualmente ampliando la definición del universo de usuarios que acceden a los descuentos de la tarifa social (mejorando aún más su diseño por medio de mayores descuentos por los cargos de acceso y consumos mínimos de subsistencia sin distorsionar los precios y tarifas marginales por consumos adicionales a dichos mínimos). Cabe notar que una definición más amplia del universo de beneficiarios de una tarifa social bien diseñada no es de derecha ni de izquierda (aunque sí está entre las herramientas de un enfoque económico relativamente ortodoxo), y claramente puede justificarse en el contexto post-pandémico en el cual más del 40% de la población es pobre; es simplemente una forma técnica mucho más razonable de lidiar con un serio conflicto de objetivos y necesidades fiscales y sociales.

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